El Colectivo de Abogados y Procuradores del Partido Judicial de Tomelloso ha denunciado públicamente la situación que atraviesa el servicio de justicia en la localidad, que considera insostenible y próxima a un “punto de no retorno”. Lo ha hecho en encuentro con los medios de comunicación celebrado en el Ayuntamiento, que ha cedido su sala de prensa para esta comparecencia, en la que Cortes Cano, portavoz del colectivo, ha expuesto las principales carencias que afectan al funcionamiento de los órganos judiciales y las reivindicaciones que vienen trasladando desde hace tiempo a las administraciones competentes.

El alcalde, Javier Navarro, ha asistido para escuchar las reivindicaciones del colectivo, que ha agradecido al Ayuntamiento la cesión de sus instalaciones para comparecer ante los medios de comunicación.

“Lo que venimos a denunciar es el hundimiento, el claro hundimiento de la justicia en Tomelloso”, ha afirmado Cortes Cano, quien ha subrayado que se trata de una situación que “nos preocupa, nos ocupa y nos desvela”. La portavoz ha advertido de que uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, la Administración de Justicia, “aquí, ahora mismo, está quebrado”.

El colectivo atribuye buena parte del agravamiento de esta situación a la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, en palabras de Cortes Cano, “no es que no haya cumplido con ese título tan elocuente de eficiencia, sino que ha sido justo precisamente lo contrario, es absolutamente ineficaz”. A su juicio del colectivo la reforma ha incrementado los retrasos en la tramitación de los procedimientos y ha llevado al sistema judicial a una situación de bloqueo. “Si antes la justicia era lenta, ahora ya no es lenta, está totalmente paralizada”, ha señalado Cortes Cano.

Entre las principales deficiencias ha señalado la falta de personal, con bajas y vacantes que permanecen sin cubrir durante meses y que cuando se cubren se recurre a personas sin experiencia previa en la Administración de Justicia y sin una formación inicial o tutorización suficiente, lo que obliga a otros funcionarios a dedicar tiempo a enseñarles y ralentiza todavía más el trabajo.

A esta situación se suman, según ha explicado, las carencias de medios materiales e informáticos, los cambios continuos en los programas de gestión y, especialmente, los problemas organizativos derivados de la nueva estructura judicial. La transformación de los tres juzgados de Tomelloso en un único Tribunal de Instancia ha supuesto, según el colectivo, la mezcla de todos los procedimientos y su redistribución entre los funcionarios, sin que se hayan establecido criterios estables de reparto.

Cortes Cano ha explicado que estos cambios constantes provocan que los trabajadores tengan que retomar y revisar procedimientos que antes gestionaban otros compañeros, con la consiguiente pérdida de tiempo y continuidad. Una inestabilidad que, según ha denunciado, afecta tanto a los profesionales como a los ciudadanos, que no saben a qué funcionario dirigirse para conocer el estado de sus asuntos.

Retrasos que afectan directamente a los ciudadanos

La portavoz ha ilustrado las consecuencias de esta situación con distintos ejemplos: procedimientos que permanecen meses sin avanzar entre un trámite y otro, denuncias que pueden llegar a prescribir por falta de impulso, señalamientos judiciales que no aparecen en las agendas y juicios a los que los profesionales acuden con sus clientes para descubrir que no están anotados.

También ha puesto el foco en las demoras en la entrega de cantidades depositadas en las cuentas de consignaciones judiciales, incluso cuando corresponden a indemnizaciones por accidentes, así como en las pensiones de alimentos que, pese a estar embargadas y acumuladas en las cuentas del juzgado, tardan en llegar a sus destinatarios. A ello se añaden los retrasos en la ejecución de sentencias, que prolongan durante años la obtención de una respuesta efectiva.

“Los grandes perjudicados son los ciudadanos”, ha recalcado Cortes Cano, recordando que detrás de cada procedimiento hay personas que necesitan una solución: familias que esperan una respuesta en procesos de divorcio o para poder ver a sus hijos, personas lesionadas pendientes de recibir una indemnización o menores que necesitan las pensiones de alimentos. En este sentido, ha advertido de que acudir a la justicia se está convirtiendo en Tomelloso para muchos ciudadanos en “poco más que un acto de fe”, al vivir en una situación de incertidumbre y suspensión.

Dos sedes judiciales y la necesidad de un edificio propio

Otro de los problemas estructurales señalados por el colectivo es la existencia de dos sedes judiciales, en las calles Cervera y Pintor Francisco Carretero. Una dispersión que, según ha explicado la portavoz, dificulta la organización diaria, genera desplazamientos innecesarios entre dependencias y agrava la falta de espacio. Ha puesto como ejemplo la organización de los servicios de guardia, en los que jueces y funcionarios pueden encontrarse en sedes diferentes, obligando a estos últimos a trasladarse continuamente para atender las actuaciones.

También ha denunciado la inexistencia de calabozos en ambas dependencias, lo que obliga a la Guardia Civil a trasladar a los detenidos de uno en uno y mantenerlos en espacios sin las condiciones adecuadas de seguridad e intimidad.

Cortes Cano ha recordado la histórica reivindicación de un edificio judicial propio para Tomelloso. Ha señalado que, pese a las sucesivas cesiones de suelo por parte del Ayuntamiento y a que el proyecto ha figurado en anteriores previsiones presupuestarias del gobierno central, no se ha materializado la dotación económica necesaria para su construcción. También ha recordado que el colectivo, junto con la judicatura, planteó en su momento la posibilidad de unificar provisionalmente las dos sedes en un único espacio hasta disponer del nuevo edificio, pero que desde el Ministerio de Justicia y la Gerencia Territorial se trasladó que no había presupuesto para acometer esa solución, pese a que se habían encontrado alternativas que incluso podrían suponer un ahorro al evitar el arrendamiento de una de las dependencias.

La portavoz ha hecho referencia, asimismo, al hundimiento del techo de la oficina del Registro Civil, ocurrido meses atrás, que obligó a su cierre y a la reubicación del personal en un espacio hasta entonces utilizado como archivo, donde aún continúa.

Refuerzos, estabilidad organizativa y un cuarto juzgado

Tras exponer las deficiencias, el colectivo ha planteado una serie de medidas que considera necesarias y urgentes para revertir la situación. En primer lugar, reclama que se cubran las bajas y vacantes y que el personal que se incorpore reciba una formación previa, proponiendo la realización de cursos de al menos quince días y una tutorización adecuada de los nuevos trabajadores

Una de las principales reivindicaciones es la puesta en marcha de un refuerzo específico para el partido judicial de Tomelloso, integrado por un juez, un Letrado de la Administración de Justicia (LAG) y al menos dos o tres funcionarios que se dediquen exclusivamente a descongestionar los procedimientos acumulados y normalizar la actividad. Cortes Cano ha insistido en que este refuerzo debería mantenerse durante el tiempo necesario hasta recuperar unos niveles de funcionamiento aceptables y ha apuntado que podría servir de base para avanzar hacia otra reivindicación histórica: la creación de un cuarto juzgado, una propuesta que, según ha recordado, también ha sido planteada desde la propia judicatura.

El colectivo reclama igualmente una presencia fiscal permanente en Tomelloso, ya que actualmente se depende de la adscripción de Manzanares, y el establecimiento de criterios estables de reparto de asuntos entre los funcionarios, de manera que no se produzcan cambios continuos en la asignación de procedimientos y tanto profesionales como ciudadanos sepan dónde dirigirse.

Por último, ha vuelto a exigir que se impulse la construcción del edificio judicial comprometido para la localidad y que, mientras esta infraestructura no sea una realidad, se busque una solución provisional que permita unificar las dos sedes actuales, con el apoyo y la colaboración de las administraciones implicadas, incluida la local.

Cortes Cano ha recordado que estas reivindicaciones no son nuevas y que el colectivo lleva meses trasladando sus quejas a las instancias superiores y solicitando el amparo de los respectivos colegios profesionales de abogados y procuradores, sin haber obtenido la respuesta necesaria. También ha señalado que las memorias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha vienen recogiendo la necesidad de más medios humanos y materiales, sin que, hasta ahora, se hayan atendido suficientemente estas demandas.

La portavoz ha concluido reiterando que las medidas que solicitan no responden a intereses particulares de abogados y procuradores, sino a la necesidad de garantizar un servicio público de justicia digno y eficaz para toda la ciudadanía. “No podemos seguir permitiendo que esto siga así”, ha afirmado, asegurando que el colectivo continuará reivindicando soluciones “por ellos, por nosotros y por la justicia en Tomelloso”.

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